Es propicio el inicio
del 2021 y la realización en este año de las elecciones para escoger nuevos
Gobernadores y Alcaldes en la República Bolivariana de Venezuela, para esgrimir
algunas ideas sobre los retos que en materia de gestión de proyectos y
desarrollo de infraestructuras se plantean.
En primer lugar hablemos de la Oficina de Proyectos (PMO Project Management Office) tal
como lo define el PMI (Project Management Institute) es decir como “una
estructura de la organización que estandariza los procesos de gobernanza
relacionados con el proyecto y facilita el intercambio de recursos,
metodologías, herramientas y técnicas” pero además permite en tiempos
de escases de recursos la utilización óptima de estos.
Sirva esto de entrada para señalar algunas tendencias en
la administración pública que se han extendido en los últimos tiempos, por
desconocimiento de las técnicas de gestión de proyectos, de los responsables de
dirigir y establecer los planes estratégicos en las oficinas de proyectos
(Infraestructura). Esta tendencia consiste en establecer pequeñas oficinas de
proyectos para abocarse a sectores particulares de la infraestructura. Así
tenemos una PMO para el sector de infraestructura educativa, vialidad, deporte
y recreación, ambiente, salud, vivienda y para cualquier sector que al
gobernante o administrador de turno se le
ocurra. En algunas ocasiones siguiendo como copia fiel y exacta las PMO
establecidas en el gobierno central sin tomar en cuenta las particularidades de
cada región. En oportunidades estas PMO dependen jerárquicamente de un PMO
central (Infraestructura) pero en otros casos del órgano administrativo del
sector (Secretaria de Salud, Secretaria de Educación, Secretaria de Ambiente,
etc.)
Esta forma de organizar la PMO ha establecido una
dispersión de recursos (humanos, logísticos, financieros) y una multiplicación
de la carga burocrática, con sus correspondientes costos financieros. Es
importante destacar que en los últimos años ha habido un proceso de deserción
de personal en la administración pública, y sobre todo en las áreas de
infraestructura y disminución de los recursos asignados a la inversión. Por lo
tanto, tenemos que pensar en formas de organización donde podemos hacer un uso
racional de los recursos disponibles, tanto financieros como humanos. Pero
además al tener pequeñas PMO dedicadas a sectores específicos, estamos
perdiendo la oportunidad de aprovechar las lecciones aprendidas en algún sector
y perdiendo la sinergia positiva (2 + 2 = 5) y la versión holística.
En conclusión, se plantea la necesidad de revisar esta
forma de organizar la PMO y migrar a una organización que nos permita enfrentar
los retos que nos depara el futuro. Además debemos aplicar un viejo esquema de
éxito en un negocio pocas personas, las mejores en su ramo y bien remunerados.
El segundo punto a considerar es la inversión. Revisemos
el concepto y su aplicación en la administración pública. Tomemos la siguiente
definición “Una inversión es una
actividad que consiste en dedicar recursos con el objetivo de obtener un
beneficio de cualquier tipo” (https://economipedia.com/definiciones/inversion.html). De lo anterior se deduce que solo
cuando obtenemos un beneficio podemos hablar de haber hecho una inversión. Este
concepto no se reduce al ámbito empresarial privado, es extensivo al ámbito
público. Durante el tiempo que realizamos el esfuerzo de dedicar recursos a
alguna actividad (proyecto de infraestructura) y antes de obtener los
beneficios esperados, estos recursos no se deben considerar inversión, en todo
caso si el proyecto no termina dando los beneficios esperados se pudieran
considerar gastos, pero no inversión. Es importante indicar que el término “beneficio” es muy amplio y en el caso de
la administración pública no se limita a los beneficios financieros
tradicionales que se estudian en un curso de evaluación de proyectos de
inversión: Valor Presente Neto, Tasa Interna de Retorno, Tiempo de recuperación
del Capital, entre otras.
En la administración pública
estos beneficios están perfectamente definidos por organismos multilaterales
que establecen cuales y como medir los beneficios sociales de una inversión
pública. Importante recordar que la inversión pública es la forma en que se
materializan las políticas del gobierno, compromete grandes recursos y genera
muchas expectativas por parte de los ciudadanos.
Todo lo anterior viene al caso
dado que el Estado ha hecho un desembolso importante de recursos en obras de
infraestructura, que por estar incompletas, en el mejor de los casos los beneficios
no se corresponden con el monto de los desembolsos y en el peor de los casos no
se ha obtenido ningún beneficio. Se trata entonces de hacer una identificación
de las obras en ejecución y proceder a hacer una evaluación y valorar la
pertinencia social, los costos y los beneficios de un proyecto o programa para
el país y compararlos para decidir la conveniencia de su ejecución.
Existen varias metodologías que
nos pueden servir para la evaluación de los proyectos, entre ellas podemos
destacar la Metodología de Marco Lógico, metodología avalada por organismos
como BID (Banco Interamericano de Desarrollo), CEPAL (Comisión Económica para
América Latina y el Caribe). El uso de esta o de otra metodología nos indicará
con criterios técnicos sociales, a cuales proyectos en ejecución se le deberían
solicitar recursos adicionales para su conclusión y cuáles deberían ser
cancelados de manera permanente. Esto nos permitiría migrar de la política de “primera
piedra” a la política de “ultima piedra” y dejar nuevas obras solo
aquellas inversiones que demuestren que superan en beneficios a las obras en
progreso.
Al unir los dos conceptos
anteriores, PMO centralizada y evaluación de inversiones, podemos retomar la
visión holística de las inversiones y poder ver más allá del horizonte
inmediato. Esto permitiría la implantación de los conceptos de Portafolio
(Objetivos Estratégicos), Programas (Sinergia Positiva) y Proyectos. Veamos un
ejemplo de cómo podemos aprovechar la infraestructura existente para elevar los
beneficios esperados.
Las plantas de tratamiento de
aguas servidas del sistema de saneamiento de la cuenca del lago de Maracaibo;
Planta “Sur” ubicada en el municipio San Francisco con capacidad de tratar
2.000 litros/segundo de aguas servidas, la Planta de Reusó de Aguas Servidas
(RAS) ubicada en la península Ana María Campos del municipio Miranda con
capacidad de tratamiento de 1.300 litros/segundo, la Planta “Punta Gorda”
ubicada en el sector Punta Gorda del Municipio Cabimas con capacidad de 1.100
litros/segundo y la Planta “Ciudad Ojeda” ubicada en el Municipio Lagunillas
con capacidad de 800 litros/segundo, todas en el estado Zulia para un gran
total de 5.200 litros/segundo. La inversión en estas plantas cumple con parte
de sus objetivos el cual es contribuir al saneamiento de la cuenca del lago de
Maracaibo, pero un potencial del uso de las aguas tratadas que podría producir
proteína animal y vegetal en las 12.000 hectáreas a su alrededor que no ha sido
explotado y además el uso de estas aguas rebajaría la presión de las
comunidades sobre el agua potable, la cual es utilizada para fines agrícolas.
Para hacernos una idea de lo que significan estas áreas; 12.000 hectáreas
sembradas de maíz tienen el potencial de producir 408.000.000 kilos al año o
902.928.000 kilos de tomate al año.
Se hace entonces necesario
evaluar el estado de todo el sistema de recolección y bombeo de aguas servidas
que surte a estas plantas e involucrar a otros entes del estado que tengan que
ver con los planes agrícolas, ordenamiento territorial, cadenas de suministros,
organización comunitaria, gremios profesionales, institutos de educación entre
otros. Lo cual ilustra como un grupo de Proyectos se asocian en un Programa.
Otros ejemplo lo tenemos en los
sistemas de transporte masivo, como son el Metro que conectas a Caracas con
Guarenas - Guatire, el Metro Cable de Petare y algunas líneas del Metro de
Caracas y de Maracaibo que han quedado inconclusas o paralizadas por falta de
recursos o interés político. Las inversiones en este tipo de infraestructura,
no solo generarían un alivio a la ciudadanía, dado la necesidad de transporte
masivo que existe en la Ciudad Capital, sino que generaría un retorno político
positivo.
También podemos hablar de las
250 o más fábricas socialistas, construidas por Corpivensan, PDVSA Industrial,
Corpoelec Industrial, desde fábricas de bicicletas, ensambladoras de
automóviles, autobuses, tractores agrícolas y electrodomésticos, fábrica de
envases y productos plásticos de alta densidad, plantas de transformadores, medidores
de energía, bombillos, ensamblaje de celdas solares y aerogeneradores, fábricas
de productos químicos para el hogar y la industria, plantas procesadoras de
maíz, arroz y frutos, mataderos industriales y las denominadas Plantas Madres,
fábricas de fábricas, las cuales tienen
integradas en sus líneas de producción modernas máquinas herramientas con
control numérico computarizado (CNC) de última generación. Todas estas fábricas
representan una gran oportunidad de inversión sin partir de cero o colocando
una primera piedra, sobre todos en estos momentos de crisis financiera, que si
se evalúan desde una perspectiva del PMO pueden ser rescatadas, redimensionadas
y puestas en funcionamiento de tal forma que se conviertan en una inversión con
pertinencia social y no como un gasto público.
Ejemplo como los anteriores nos
encontraremos a lo largo y ancho de la geografía nacional, lo que a mi entender
evidencia la necesidad de revisar la aplicación del PMO centralizado y de
gestionar las inversiones bajo el manto de los conceptos de Portafolio,
Programas y Proyectos, sobre todo en los servicios públicos como la
electricidad, agua, el sector petrolero y cementero necesario para la
reconstrucción y el salto delante de nuestra patria.
